Nuevas pruebas depositadas por el MP comprometen a Adán Cáceres y otros implicados en caso Coral
El Ministerio Público depositó nuevas pruebas que han surgido en el avance de la investigación sobre la presunta red de corrupción que operaba en los organismos militares y que era liderada por Adán Cáceres, ex jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina Sánchez.
Las nuevas pruebas fueron depositadas ante el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, tribunal que tenía previsto revisar la medida de coerción al grupo de imputados en este caso, aunque no fue posible.
La audiencia fue pospuesta para el 21 de febrero para dar tiempo a los imputados a revisar y analizar las diferentes pruebas. El imputado Raúl Girón Jiménez no pudo ser trasladado al salón por problemas de salud.
“El imputado Raúl Girón Jiménez, por cuestiones de salud no pudo ser trasladado, ya que presenta síntomas adversos al haber recibido la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19”, explicó Mirna Ortiz.
Una situación con Adán Cáceres
Durante la audiencia de este martes también se presentó un percance con el principal imputado en este caso, el mayor general Adán Cáceres.
El Ministerio Público solicitó que a Cáceres se le asignara un defensor público alegando que estaba en indefensión por una situación que se presentó en audiencia, pero el juez no se pronunció sobre ese pedimento, por lo que los abogados Francisco Álvarez, Cristian Martínez y Romer Jiménez se mantienen en representación del alto oficial.
Los hechos del entramado
En mayo del año pasado el Ministerio Público presentó pruebas que llevaron a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional a imponer 18 meses de prisión preventiva en contra el mayor general Adán Cáceres Silvestre, Rossy Guzmán Sánchez, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, el sargento Alejandro Montero Cruz, y el coronel policial Rafael Núñez de Aza.
En tanto que contra Raúl Alejandro Girón Jiménez se ordenó el arresto domiciliario por razones de seguridad, por cooperar con la investigación del Ministerio Público.
El grupo es acusado de incurrir en asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) asegura que el entramado criminal desarrollaba sus actividades delictivas en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), principalmente, con el abultamiento de la nómina. Durante las pesquisas, el Ministerio Público descubrió que el coronel Rafael Núñez de Aza también fungió como director financiero del Conani, a pesar de que no aparecía en los registros públicos.
Los miembros del grupo supuestamente adquirieron una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo y propiedades en diferentes lugares del país con dinero proveniente de actos de corrupción estatal.
