Los derechos de los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos – Por Lic. Roberto M. Burgos G.-

Muchas personas piensan que los inmigrantes indocumentados no poseen ningún tipo de derecho en los Estados Unidos de Norteamérica.
Para tratar este interesante tema, en primer lugar debemos de entender que la constitución estadounidense se aplica a toda persona que está dentro de su jurisdicción. Además, ningún Estado puede aplicar leyes que discriminen a un grupo social, pues esto es inconstitucional. Estados Unidos siempre ha sido un país de inmigrantes, desde su fundación hasta el día de hoy; además, debemos de tomar en cuenta que los Estados Unidos cada año obtiene un gran beneficio de la mano de obra inmigrante.

La constitución de los Estados Unidos en su Sexta Enmienda, establece que, en todos los procesos penales, el acusado gozará del derecho a un juicio rápido y público, por un jurado imparcial del Estado y Distrito en el que se haya cometido el delito. El derecho a un juicio por jurado en un caso penal, este derecho se le proporciona a cualquier persona dentro del país. Un derecho adicional que va de la mano es la advertencia Miranda, esta es una declaración dada a sospechosos de actos criminales bajo la custodia de la policía en los Estados Unidos. Aunque el orden de las palabras y parte de la redacción puede variar estado por estado, una advertencia típica es la siguiente:

La advertencia miranda nos dice que cada persona tiene derecho a permanecer en silencio, cualquier cosa que diga puede y será utilizada en su contra en un tribunal de justicia, tiene derecho a tener un abogado, y si no puede pagar uno, el tribunal le designará uno. Con estos derechos en mente, ¿todavía estás dispuesto a hablar conmigo sobre los cargos en tu contra? Esto otorga a la persona detenida el derecho a no responder a los interrogatorios policiales y el derecho a tener un abogado presente durante su interrogatorio.

Las leyes de inmigración y nacionalidad de los Estados Unidos establecen que cualquier persona indocumentada en el país tiene derecho a contratar a un abogado y comparecer ante un juez de inmigración para defenderse de la deportación. El gobierno; sin embargo, no está obligado a proporcionar representación legal gratuita en los procedimientos de inmigración, pues los casos de migración son considerados casos de acción civil y no penales. La constitución estadounidense prevee que una persona tiene derecho a un defensor público financiado por el Estado en un caso de magnitud penal.

La Constitución de los Estados Unidos especifica en su Cuarta Enmienda, que todas las personas en los Estados Unidos sin importar su estatus migratorio poseen un derecho fundamental de vivir libremente, sin la amenaza de registros e incautaciones irrazonables por medio del gobierno. Esta ley protege a cualquier persona en los Estados Unidos de ser registrada o de que se incauten sus propiedades sin una orden judicial o una causa probable para dichos procedimientos.

Esto se vuelve un poco complicado debido a la zona fronteriza de100 millas y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de los Estados Unidos. Dentro de esta zona, los agentes de la Patrulla Fronteriza reciben ciertas autoridades adicionales, como operar puntos de control de inmigración. El propósito de estos puntos de control es detectar a las personas que cometen delitos o violaciones de inmigración. Otro derecho que provee la constitución estadounidense a inmigrantes indocumentados en la Quinta Enmienda, la cual protege a cualquier persona en los Estados Unidos, de testificar contra sí mismo o ser privado de la vida, la libertad o la propiedad, sin el debido proceso, estos son derechos constitucionales.

Todo inmigrante indocumentado en los Estados Unidos posee derecho a presentar demandas en las cortes federales, como son, los casos de discriminación. En algunos estados, las personas indocumentadas también pueden tener derecho a demandar en la corte estatal. Más allá del alcance de las demandas, una persona indocumentada también puede presentar una queja de derechos civiles contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los Estados Unidos; por ciertas violaciones, que incluyen la discriminación basada en la religión, la raza, la discapacidad o el género, la violación de derechos mientras estuvo detenido y la violación de los derechos al debido proceso, incluido el acceso a un abogado.

Bajo las leyes de inmigración y nacionalidad de los Estados Unidos (INA), un empleador no puede contratar a sabiendas a una persona indocumentada. Sin embargo, en ciertos casos algunas personas son empleadas sin tener un estatus migratorio legal, de todas formas, estas personas están protegidas por las leyes de trabajo, y así pueden recibir un pago por el trabajo que han realizado. Por medio de las leyes de trabajo, todos los trabajadores, sin importar su estatus migratorio, tienen derecho a un entorno seguro y libre de acoso y discriminación. Los trabajadores indocumentados poseen el derecho de presentar quejas ante las autoridades correspondientes, sin represalias por ser indocumentados. Es recomendable que la persona indocumentada deba de ponerse en contacto con un abogado de inmigración para ver que resultados pueden acontecer.

Muchas personas indocumentadas no denuncian el abuso en el lugar de trabajo por temor a revelar su estatus migratorio y de tener algún caso en la corte. La ley de trabajo de los Estados Unidos en una gran mayoría de los casos, cubre a los inmigrantes indocumentados. Bajo estas leyes un empleado tiene el derecho a organizarse y formar sindicatos para mejorar las condiciones de trabajo y mejorar la remuneración. Todo esto es legal y es protegido por la constitución.

Toda persona, sin importar su estatus migratorio, paga impuestos sobre las ventas, la propiedad y el consumo. Muchos de estos inmigrantes indocumentados también pagan impuestos sobre la renta, a pesar de que no pueden beneficiarse de la mayoría de los programas de asistencias locales, federales y estatales. Contrariamente a la creencia popular, los trabajadores indocumentados no son y nunca han sido elegibles para reclamar beneficios del seguro social. De hecho, la mayoría de los trabajadores indocumentados usan un número de seguro social falso para así probar que están autorizados a trabajar; por lo tanto, esto significan que pagan dinero en un sistema de beneficios que tal vez nunca serán elegibles para usar.

Un derecho muy importante que podemos además encontrar en la declaración de los Derechos Humanos, es el derecho a la educación. En los Estados Unidos ningún estado puede negar la educación pública gratuita a ningún estudiante hasta que este termine el bachillerato, sin importar el estatus migratorio de los estudiantes.

Debemos de recalcar que cada Estado posee sus propias leyes, algunos estados tienen leyes que proveen ciertos beneficios a inmigrantes indocumentados como por ejemplo, es permitir a algunos inmigrantes indocumentados obtener una licencia de conducir o una compensación laboral, el acceso a algunos beneficios de asistencia pública, como servicios de emergencia, atención médica y otros programas que se consideran necesarios para proteger la vida y el bienestar de las personas. La mayoría de los precedentes de la Corte Suprema prohíben a los estados hacer leyes que discriminen a las personas indocumentadas. Sin embargo, tenga en cuenta que la lista de derechos anteriormente indicada, proporciona una visión general, y las definiciones de estos derechos por Estados pueden variar, y cada situación puede ser diferente.

El Licenciado Roberto M. Burgos G. es abogado, graduado de la Escuela de Leyes de Temple University, en la ciudad de Philadelphia, estado de Pennsylvania, donde obtuvo su máster en leyes americanas y leyes internacionales (LLM). Además, realizó una Licenciatura en derecho en la Universidad Abierta Para Adultos, UAPA.
Es director del departamento legal de Migrance Initiative Inc. en la ciudad de Philadelphia. Miembro del equipo legal de la Casa Dominicana en la ciudad de Philadelphia. Es miembro de la Sociedad Internacional de Leyes; miembro de la división joven de barra de abogados de Pennsylvania. Ha trabajado con varias ONGs, luchando por los derechos humanos de los inmigrantes en EE.UU.