Thiago Marrero: Ley de Extinción de Dominio herramienta adicional para combate de criminalidad organizada

“Con la aprobación de esta ley se procura una acción en Justicia que está en manos del Estado representado por el Ministerio Público, que procura atacar aquellos bienes de origen ilícito o que tengan un destino ilícito.”

Santo Domingo, RD– El abogado, especialista en Derecho Público Thiaggo Marrero, ofreció su valoración sobre la reciente aprobación de la Ley de Extinción de Dominio y explicó a la comunidad virtual su importancia para el país.

Según el jurista, se trata de una herramienta adicional para el Ministerio Público a los fines de perseguir y combatir la criminalidad organizada, el narcotráfico, la corrupción administrativa, el lavado de activos y otros hechos delictivos que de alguna manera, por su lesividad social ameritan de una herramienta mucho más agresiva.

Para el jurista, “atacar los bienes es una forma muy puntual e importante para poder desarticular las redes de criminalidad organizada y poder contratacar la corrupción administrativa.” Consideró esto como una acción vital para lograr reivindicar recursos obtenidos de manera ilícita por parte de funcionarios públicos que se beneficien durante el ejercicio de su cargo.

“Es una figura novedosa en nuestro sistema jurídico que implica cambiar la mentalidad respecto de cómo se persiguen los bienes que son producto de origen ilícito. Con la extinción de dominio no tiene que haber necesariamente una condena penal para que puedan ser perseguidos los bienes”, especificó Marrero.

Estas explicaciones las ofreció para la comunidad de seguidores del movimiento Nueva Cultura Política (NCP), durante su acostumbrada transmisión del espacio de comunicación NCP-Responde.

Marrero indicó además, que parte de lo importante que tiene esta ley es que establece las pautas y principios generales para la administración de los bienes que sean objeto de extinción de dominio, aunque en su opinión,  “haría falta una nueva ley que regule cuál es el destino que van a tener los bienes incautados y que le dé una fisionomía mucho más institucional a la Oficina Nacional de Bienes Incautados.”