Por ausencia de abogado, aplazan conocimiento de medida de coerción a generales y coroneles del caso Coral 5G
La ausencia de unos de los abogados de los imputados por el caso de la Operación Coral 5G impidió que se pudiera conocer este jueves la medida de coerción a los generales, coroneles y civiles imputados en el expediente de corrupción administrativa.
La Jueza Kenya Romero, quien está encargada de llevar este proceso, aplazó la vista para el próximo martes a las 9:00 de la mañana en la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional.
El abogado que no se presentó a la audiencia de este jueves fue Valentín Medrano, quien representa al teniente coronel del Ejército Kelman Santana Martínez. La medida no se podía conocer sin que este imputado estuviera acompañado de un abogado, pues la ley establece que esto lo pondría en un estado de indefensión.
Los procesados por el caso Coral 5G supuestamente forman parte de un presunto entramado corrupto que desvió millones de pesos del erario público hasta sus propios bolsillos.
Los imputados se enfrentarán a la justicia luego de que fueran apresados en una serie de allanamientos realizados por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección de Persecución del Ministerio Público.
El órgano persecutor está solicitando que a estos imputados se les imponga la prisión preventiva de 18 meses y que el caso se declare complejo, para tener más tiempo de desarrollar la investigación y evitar que los imputados puedan destruir pruebas y amenazar a testigos, como se ha establecido en el expediente.
La red de corrupción desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G movió al menos 4,500 millones de pesos, según ha establecido el Ministerio Público durante la investigación. Además, se han ocupado hasta el momento unas 125 propiedades.
Los procesados
La medida fue solicitada en contra de los generales Juan Carlos Torres Robiou (FARD), Julio Camilo de los Santos (FARD) y Boanerges Reyes Batista (ARD), así como al capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores (ARD), los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, Miguel Ventura Pichardo (FARD) y el teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez (FARD).
También, contra el teniente coronel Kelman Santana Martínez (ERD) y el mayor José Manuel Rosario Pirón (PN). Igualmente, el primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, César Félix Ramos Ovalle y Esmeralda Ortega Polanco.
El expediente del Ministerio Público establece que una vez se enteraron de que estaban siendo investigados, los miembros de la red de corrupción administrativa supuestamente trataron de intimidar a testigos para que no declaren, haciéndoles la advertencia de que “no se metan con los guardias”.
El Ministerio Público precisa que los altos mandos militares que están imputados tienen mucha influencia en los organismos de seguridad del Estado y que por tal motivo existe la posibilidad de que puedan dificultar el proceso de investigación y crear situaciones y tramitaciones no comunes.
Otros caerán presos
En el punto en el que se encuentra la investigación, el Ministerio Público tiene identificado a un grupo que ha sido imputado, además de empresas utilizadas para lavado de dinero. Sin embargo, establece la solicitud de medida de coerción que la Procuraduría tiene la certeza de que en el desarrollo de las indagatorias serán imputados otros altos mandos militares y civiles a los que se les ha confirmado participación directa en los presuntos actos de corrupción de esta red.
