Juristas, líderes sindicales y comunitarios opuestos a construcción Aeropuerto de Bávaro; argumentan existe grave corrupción en proceso

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Por Miguel Ángel Gutiérrez 

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Importantes juristas, líderes sindicales y comunitarios, además de organizaciones barriales, se han mostrado radicalmente opuestos en las últimas semanas a la construcción del Aeropuerto Internacional de Bávaro, argumentando desde violación a varias leyes durante su aprobación, una cadena de irregularidades durante todo el proceso, hasta una burla y una falta de respeto, que el pasado gobierno haya aprobado una exoneración del pago de impuestos a dicho aeropuerto por 15 años, mientras sus residentes atraviesan múltiples precariedades que se podrían resolver con ese dinero.

Doctor Miguel Valerio.

Hace unas semanas, el reconocido jurista y abogado de la Corporación Aeroportuaria del Este, Miguel Valerio, depositó una instancia ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitando conocer el status de dos denuncias que pesan contra 17 exfuncionarios por haber violado varias leyes durante la aprobación del Aeropuerto Internacional de Bávaro. Dijo en esa ocasión que estaba solicitando a la PEPCA conocer el estatus actual de las dos denuncias depositadas hace ya casi un año contra 17 personas por la comisión de múltiples actos irregulares sancionados por las leyes durante el proceso de aprobación del Aeropuerto Internacional de Bávaro. También, hizo la petición al Ministerio Público de avanzar con la fase de la investigación penal para que por fin el país conozca con pruebas contundentes todo lo que se movió detrás de esa aprobación.

Tras hacer el depósito de la referida instancia en la sede de la Pepca, Valerio indicó que hubo una cadena de irregularidades a lo largo de todo el proceso de aprobación de esa obra que fue otorgada “grado a grado”, sin una licitación, incumpliendo múltiples normativas legales, con el único propósito de beneficiar a un determinado grupo económico.

“La aprobación de ese aeropuerto por parte de las pasadas autoridades es sencillamente injustificable a la luz de las leyes, y lo que presumimos y es muy obvio es que hubo corrupción por parte de varios funcionarios del pasado gobierno. Y se le debe explicar a este país por qué se le dio al Grupo Abrisa esa obra de grado a grado, cuando la Ley de Compras y Contrataciones Públicas y también la Ley de Alianzas Público Privadas dicen claramente cómo son los proyectos de iniciativas privadas que son referentes a servicios públicos, y ahí se hizo todo lo contrario”, expuso Miguel Valerio.

El experto en derecho aseguró que, por la debida prudencia, el pasado gobierno encabezado por el presidente Danilo Medina no debió promulgar el decreto 270-20 en el período de transición, y explicó que la primera distorsión en todo el entramado de irregularidades se cometió en la Comisión Aeroportuaria cuando se aprobó mediante resolución 6796 del 23 de enero de 2020 una “no objeción” sin tener las competencias debidas para el desarrollo, construcción, operación y explotación económica del proyecto Aeropuerto Internacional de Bávaro, y posteriormente, cuando el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), emitió un informe en un tiempo récord de solo tres días basado en informaciones parcializadas de la parte interesada, sin realizar estudios técnicos correspondientes requeridos por la ley, así como por la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI).

Deploró que, uno de los funcionarios, luego de haber sido parte en esa Comisión Aeroportuaria donde se aprobó ese proyecto, en su condición de coordinador Nacional del USOAP y director de Vigilancia de la Seguridad Operacional del IDAC, instruyó para que se aprobara el referido proyecto ante la Dirección de Navegación del IDAC, convirtiéndose así en juez y parte del mismo, siendo así como en un tiempo récord de tan sólo tres días, el IDAC emitió el Informe de No objeción para la construcción de ese aeropuerto cuando este proceso de realizar ese tipo de estudios técnicos y aprobarlos suele tardar incluso años.

También el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael -Pepe- Abreu, se opuso y exhortó a que la construcción y desarrollo del Aeropuerto Internacional de Bávaro se produzca en la región Sur del país u otra localidad donde sí se necesite ya que en esa zona existe un aeropuerto que cubre las necesidades de empleos. “Las autoridades gubernamentales, las autoridades correspondientes del manejo del turismo deben revisar esa acción y negociar con ellos la inversión en otros lugares donde esas oportunidades de empleos se necesitan y hay bases para desarrollar empresas turísticas. Que hagan eso, que asuman creatividad”, sostuvo Abreu.

Rafael -Pepe- Abreu.

El presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical también dijo que, en lugar de fortalecer los puestos de trabajo existentes, la construcción del Aeropuerto de Bávaro podría disminuir la empleabilidad y dividir los puestos de trabajo que ya existen en esa zona.

Otro reconocido sindicalista que mostró su desacuerdo e indignación, fue el secretario general de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), Gabriel del Río Doñé, quien advirtió que contrario a lo que han dicho sus promotores, si se llegara a construir el Aeropuerto Internacional de Bávaro, el mismo no sería beneficioso para el país ni para la clase trabajadora. Agregó que esa obra es sumamente delicada porque si se llegara a desarrollar, lo que podría suceder es que se pierda empleos, no que se gane, ya que cuando se da esa situación de un aeropuerto en un espacio aéreo prácticamente ya ocupado, no es favorable ni para la zona ni para el país y mucho menos para los trabajarores.

Gabriel del Río Doñé.

Del Río Doñé calificó como una simple propaganda la cantidad de empleos que alegan los promotores que se crearán con el Aeropuerto Internacional de Bávaro, lo que a su juicio resulta irrisorio. “Esa es una propaganda que se hace para promover un aeropuerto que nosotros consideramos que es una competencia que se hace innecesaria y desleal porque no es necesario en estos momentos un nuevo aeropuerto donde tenemos un aeropuerto que está resolviendo los problemas fundamentales de la zona y del país”, indicó el secretario general de la Confederación Autónoma Sindical Clasista.

Trajano Potentini, presidente de la FJT.

Hace apenas unos dias, la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), sometió una instancia ante el Tribunal Superior Administrativo haciendo causa común con el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), para que en el caso del Aeropuerto Internacional de Bávaro sea ratificada la declaratoria de lesividad al interés público, en virtud de que su autorización durante el proceso de transición gubernamental fue irregular y violentó el debido proceso.

Trajano Potentini, presidente de la FJT, expresó: “estamos hablando de que, sin llenar el debido proceso administrativo, de forma ilegal, de forma irregular, en un período muerto, en un período de transición, es precisamente donde se ha logrado este permiso que, a todas luces, reiteramos es ilegal”. Explicó que la fundación está participando como interviniente voluntario en un tema que, además de ser de interés nacional, para esta organización reviste una importancia trascendental, pues se trata de la institucionalidad que debe primar.

Julio César De la Rosa Tiburcio, presidente de Adocco.

De igual forma se expresó la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), quien solicitó a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) iniciar una investigación exhaustiva con respecto a las denuncias de irregularidades cometidas por 17 exfuncionarios en el proceso de aprobación del Aeropuerto Internacional de Bávaro.

Julio César De la Rosa Tiburcio, presidente de ADOCCO, hizo un llamado a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa a que obtempere a darle curso a estas denuncias y se establezcan las responsabilidades de lugar, y calificó como sospechoso que se hayan otorgado los permisos de operación de este aeropuerto en un tiempo récord.

Agregó que es muy lamentable que el Ministerio Público no haya obtemperado ante la presentación de las denuncias hecha por una entidad moral que tiene a sus representantes, quienes han hecho las diligencias pertinentes y aún no se les haya dado respuesta. Y sobre todo porque comprende una práctica de corrupción en el sentido de que la prevaricación, que es el ejercicio de favorecer a alguien de manera particular cuando el deber del funcionario es proteger los intereses colectivos de toda la sociedad en sentido general.

Mientras que María Villaplywood, presidenta de la Junta de Vecinos Villaplywood; Uridy Marte, empresario y dirigente comunitario de Verón Punta Cana; Debora Marte, presidenta de la Junta de Vecinos Samaritano; Victoriano Guzmán, presidente de la Junta de Vecinos Friusa y de la Defensa Civil, Miguel Ángel Marcial, y otros dirigentes comunitarios de la provincia La Altagracia, calificaron como una burla y una falta de respeto que el pasado gobierno haya aprobado una exoneración del pago de impuestos al Aeropuerto Internacional de Bávaro por 15 años, ya que sus residentes atraviesan múltiples precariedades que se podrían resolver con ese dinero.
Manifestaron su rechazo a esa decisión y expresaron que con esos recursos el actual gobierno pudiera construir las obras sociales que tanta falta hacen en sus localidades.

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